Emergencia sanitaria por 180 días

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría la ley Nº 3230 que declara la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19) durante 180 días, con la posibilidad de prorrogarla por idéntico plazo. La norma autoriza al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por hasta 140 millones de dólares y propone una serie de medidas de contención y mitigación por el avance del COVID-19. La iniciativa fue presentada por el gobernador Omar Gutiérrez y se trató en forma conjunta con otros seis proyectos vinculados a acciones preventivas contra el coronavirus. La ley faculta al gobernador a adoptar las medidas necesarias para ejercer el poder de policía en materia de sanidad y salubridad pública, como así también de disponer medidas económicas para afrontar las consecuencias de la pandemia.

La emergencia sanitaria se aprobó anoche en la 2º sesión especial del XLIX período legislativo que comenzó pasadas las 20.30 y continuó luego de la medianoche para su tratamiento en particular. Fue presidida por el vicegobernador Marcos Koopmann y contó con la participación de los 35 diputados y diputadas. Como medida de prevención, previo al ingreso al edificio, se tomó la temperatura con un termómetro infrarrojo a todos los legisladores y al personal afectado a la sesión.

Por otro lado, posibilita que las fuerzas de seguridad puedan aprehender a una persona sin orden judicial, en caso que sea sorprendida infringiendo las normas de la emergencia, y deberán comunicarlo de inmediato a Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, establece que las personas que tengan conocimiento de una infracción de esas normas pueden hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal o la policía.
Como parte de las facultades otorgadas, se podrá convocar a empleados y funcionarios de los tres poderes del Estado, profesionales y trabajadores de la salud que no estén bajo la dependencia del sistema público-privado, organizaciones civiles y estudiantes avanzados. La convocatoria tendrá carácter de carga pública. Asimismo, podrá realizar la fiscalización de las normas contempladas en la emergencia sanitaria y aplicar sanciones económicas por incumplimiento.
Entre las medidas de emergencia, se incluyen un plan de protección ciudadana con contención física, psíquica y social de la población; la suspensión de desalojos y ejecuciones para las actividades afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la emergencia; la suspensión de las ejecuciones fiscales y de sentencias en el caso de juicios contra el Estado, como así también la eliminación del devengamiento de los intereses por mora del artículo 57º de la Ley de Obra Pública.
También establece que el gobierno provincial podrá emitir instrumentos financieros para cancelar las obligaciones de pago del tesoro provincial, como así también desafectar y disponer de los fondos específicos creados por leyes provinciales y de los recursos producidos de la explotación de las actividades establecidas en la ley 2751, de creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar.
Además, plantea la implementación de sistemas de educación alternativos a distancia y la exención de forma total o parcial a los contribuyentes, de la obligación de abonar los mínimos mensuales fijados para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el artículo 211 del Código Fiscal Provincial vigente.