El presidente envió el proyecto de IVE al Congreso

El presidente Alberto Fernández, el martes pasado anunció a través de sus redes sociales el envío del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención postaborto como también un «Plan de 1000 días» que apunta a la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.

Según informaron los proyectos de ley serán tratados en comisiones en pocos días y luego se elevará a la Cámara de Diputados; en donde se estima será aprobado. La decisión final será en la Cámara de Senadores donde los votos que priman, hasta el momento, son en contra.

A continuación les dejamos los puntos de los proyectos.

Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto

  • Las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional. 

Fuera de ese plazo, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: 

  1. Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. 
  2. Si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
  • Toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento.
  1. Trato digno. El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.
  2. Privacidad. Solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización, conforme las previsiones del artículo 8º de la presente ley. 
  3. Confidencialidad. El personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. 
  4. Autonomía de la voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva.
  5. Acceso a la Información. El personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para expresar libremente sus necesidades y preferencias. La paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud; el derecho a la información incluye el de no recibir información inadecuada en relación con la solicitada.
  6. Calidad. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los alcances y la definición de la Organización Mundial de la Salud.
  • Consentimiento informado: Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito
  • Personas menores de edad:
  1. En los casos de personas menores de 13 años de edad, mediante su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal.
  2. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida. En dichos casos será necesario, además de su consentimiento, el asentimiento de al menos uno/a de sus representantes legales.
  3. Las personas mayores de 16 años de edad tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento, a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley.
  • Si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tuviere relación con el ejercicio del derecho a abortar podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna.
  • Quienes objeten la práctica podrán hacerlo de forma individual siempre y cuando:
  1. Mantengan su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión.
  2. Deriven de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
  3. Adopten todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica.
  4. Cumplan con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.
  • El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. No se podrá alegar objeción para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
  • La cobertura de la práctica será total y quedará incluida en el Plan Médico Obligatorio (alcanza no solo al sistema público sino a las obras sociales y prepagas).
  • El proyecto remarca que los Estados nacional y provinciales están obligados a implementar la ley 26.150 de Educación Sexual Integral y promover políticas activas para el fortalecimiento de la salud de toda la población.
  • Punición. Mantiene la pena de 3 a 10 años a quien realice un aborto sin consentimiento y la reduce de 3 meses a 1 año en caso de hacerlo con consentimiento, pero fuera de los plazos. Castiga con 3 meses a 1 año al personal de salud que dilate, obstaculice o niegue un aborto. Penaliza de 3 meses a 1 año a la persona gestante que aborte por fuera de los supuestos.

Plan 1000 días

Junto con el proyecto para garantizar el aborto legal, seguro y gratuito en el país, el presidente Alberto Fernández presentó el Plan de los Mil Días «que busca bajar la mortalidad, la malnutrición y desnutrición» y que «protege los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años”.

La ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, incorpora una batería de medidas que incluyen respaldo económico a través de una nueva asignación, la promoción de talleres y capacitaciones en cuidado, la provisión gratuita de insumos fundamentales para el embarazo y la crianza durante los primeros años y hasta la creación de líneas gratuitas de atención en todas las provincias.

  • Asignación por Cuidado de Salud Integral: se pagará una vez al año por cada niño o niña menor de tres años a cargo para quienes sean beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, siempre que acrediten haber cumplido con el plan de vacunación y control sanitario. El monto será equivalente al contemplado en esta asignación, en su rango más alto.
  • Extensión de la Asignación por Embarazo: pasará de seis a nueve mensualidades, contemplando la totalidad del tiempo de gestación.
  • Eliminación de requisitos de antigüedad: las asignaciones por nacimiento y adopción se empezarán a pagar una vez acreditado el hecho ante la Anses, sin requisito de antigüedad en el empleo. El beneficio se extenderá también a beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.
  • Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos: será para garantizar el derecho a la identidad y a la inscripción e identificación inmediata de recién nacidas y nacidos. Los profesionales médicos intervinientes deberán emitir los Certificados Digitales de Hechos Vitales.
  • Atención integral: el ministerio de Salud deberá diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los tres años de edad, desde la perspectiva del derecho a la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niños y niñas, y teniendo en cuenta las particularidades territoriales de todo el país.
  • Capacitación de profesionales y personal interviniente para la aplicación de la ley y otras vinculadas.
  • Equipos comunitarios: se articularán con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover el acceso de las mujeres y personas gestantes y de los niñas y las niños hasta los tres años a los servicios de salud pertinentes, a la gestión de trámites, a los espacios de atención para casos de violencia por motivos de género, a la asistencia social y a las correspondientes prestaciones de la seguridad social.
  • Provisión de insumos: deberá ser pública y gratuita para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años. Incluirá medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento saludable.
  • Talleres y espacios de formación: será para las familias sobre cuidados de la salud integral, desarrollo y vínculos tempranos, alimentación saludable, lactancia materna y prevención de las violencias.
  • Protección para situaciones específicas de vulnerabilidad: se organizarán servicios de salud para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años (antecedentes de parto pre término; cardiopatías congénitas; otras malformaciones o enfermedades congénitas, genéticas o metabólicas que impliquen un alto riesgo o impacto en la salud y calidad de vida), personas que cursen embarazos de alto riesgo (trombofilia), mujeres y personas gestantes en situación de violencia por motivos de género y niñas y adolescentes embarazadas.
  • Guía de Cuidados Integrales para la Salud: se deberá publicar en formato accesible y la difundirán todos los establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados, que cuenten con atención obstétrica y/o pediátrica, dispositivos territoriales de cada organismo con competencia en la materia, y en todos los medios posibles.
  • Líneas gratuitas de atención: se incorporarán a las ya existentes para atender consultas telefónicas y brindar asesoramiento en cada provincia.

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